El Congreso del Estado aprobó, con 38 votos a favor y dos en contra, el decreto enviado por el gobernador Salomón Jara Cruz para expedir la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública con Sentido Social y Buen Gobierno, así como la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
La reforma armoniza el marco jurídico estatal con la legislación federal y extingue el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública creado en 2021. En su lugar, se creará el nuevo organismo “Transparencia para el Pueblo de Oaxaca”, un órgano desconcentrado subordinado a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el cual se encargará de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales en el Ejecutivo y los municipios.
Para los poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos, la tutela de estos derechos quedará en manos de sus órganos internos de control.
En tribuna, el diputado Juan Marcelino Sánchez Valdivieso, integrante de la Comisión de Transparencia, señaló que la reforma actualiza los procedimientos, crea un nuevo esquema de supervisión y fortalece la generación de información pública útil para la ciudadanía.
Entre los principales contenidos de la nueva Ley de Transparencia destacan:
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Uso de lenguaje incluyente.
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Actualización del catálogo de sujetos obligados.
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Bases del Subsistema Estatal de Transparencia.
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Atribuciones de Comités y Unidades de Transparencia.
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Implementación de plataformas digitales vinculadas a la Plataforma Nacional de Transparencia.
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Procedimientos de verificación y sanciones.
La nueva Ley de Protección de Datos Personales regula los derechos ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad), normas de consentimiento, avisos de privacidad, sistemas de datos personales, transferencias, remisiones, recursos de revisión y sanciones.
Los votos en contra fueron de Javier Casique Zárate (PRI) y Dulce Alejandra García Morlan (Movimiento Ciudadano), quien reiteró estar en desacuerdo con la eliminación de órganos autónomos y la desaparición del organismo local de transparencia por considerar necesario mantener su autonomía frente al Poder Ejecutivo.
