Agricultores de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), liderados por Joel Venegas, se plantaron frente al Palacio de Gobierno en Oaxaca para expresar solidaridad con el movimiento nacional de campesinos de Chiapas y Guerrero, y reclamar atención a demandas locales estancadas. En un pronunciamiento público, Venegas criticó la percepción social que denigra a los productores del campo, acusándolos de obstaculizar el desarrollo, mientras enfatizó la necesidad de preservar semillas ancestrales y rechazar importaciones de maíz de países como Estados Unidos, Argentina o Sudáfrica. Subrayó que Oaxaca requiere 250 mil toneladas de maíz para cubrir su consumo, y denunció cómo instituciones como el CIMMYT, financiadas por figuras como Carlos Slim, benefician a empresas que controlan precios.
Esta acción se enmarca en un contexto nacional donde las negociaciones con el gobierno federal se interrumpieron sin acuerdos a la 1:30 de la madrugada, dejando en suspenso la demanda de excluir el maíz, trigo y frijol del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), ya que sus precios se determinan en la bolsa de Chicago por especuladores. Venegas recordó que el tratado original de 1992 buscaba reducir la población rural mexicana al 4%, objetivo que se ha acercado: de 23% a 20% a nivel nacional, y de 54% a 24% en Oaxaca, impulsando migración hacia zonas urbanas o al extranjero. Además, alertó sobre el riesgo de hambre si no se apoya a los agricultores, citando el presupuesto de 40 mil millones de pesos para Sembrando Vida en 2026, superior al de 37 mil millones para Conagua en infraestructura hidráulica y agua potable. Criticó también reformas a la ley de aguas que penalizan a pequeños productores con hasta nueve años de cárcel por uso de pozos.
A nivel estatal, la UNTA reprocha al gobierno oaxaqueño por ignorar peticiones presentadas en marzo, mayo y octubre, relacionadas con vivienda y empleo en el campo, pese a recepciones formales. Los manifestantes, respaldados por el Frente Nacional Revolucionario, insisten en que la privatización de infraestructuras agrícolas ha enriquecido a corporaciones como Minsa y Gruma, perpetuando la pobreza rural. Venegas defendió la protesta como necesario reclamo para ser escuchados, y anunció que permanecerán en el sitio hasta ser atendidos por el secretario general de gobierno o autoridades competentes, en un esfuerzo por reconstruir el sector agropecuario mexicano.
