Productores agrícolas de Michoacán y Morelos denuncian que subsidios federales destinados al campo terminan en manos de grandes empresas como Gruma y Maseca, las cuales no siembran ni cosechan maíz, sino que actúan como intermediarios. Según Diego Torres, líder de los labriegos michoacanos, estos apoyos del gobierno federal ignoran a los campesinos que trabajan la tierra, mientras favorecen a corporativos que acaparan recursos sin contribuir a la producción directa. La acusación surge en el marco del Paro Nacional Agrario, donde manifestantes bloquean casetas y carreteras para presionar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) por un precio de garantía de siete mil 200 pesos por tonelada de maíz.
En contraste con México, donde la eliminación de 16 programas de apoyo ha dejado desamparados a pequeños y medianos productores, países como Estados Unidos otorgan subsidios y créditos que permiten a sus agricultores competir globalmente sin aranceles en importaciones. Los manifestantes morelenses argumentan que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) agrava la desigualdad al eximir de aranceles las importaciones de granos subsidiados, lo que obliga a productores nacionales a vender a precios bajos de tres mil 200 a cinco mil pesos por tonelada, apenas cubriendo la mitad de costos que superan los 42 mil pesos por hectárea en riego. Ante esta coyuntura, el secretario Julio Berdegué anunció un apoyo complementario de 950 pesos por tonelada, calificado por los afectados como simulación insuficiente.
El Paro Nacional Agrario, que involucra a productores de 20 estados, persiste con cierres en autopistas clave como la Guadalajara-Colima, generando pérdidas económicas millonarias y alertando sobre la pérdida de autosuficiencia en maíz, con una producción prevista en 32.4 millones de toneladas para este año, un 7 por ciento menos que en 2024. Organizaciones como el Consejo Estatal de Productores del Trigo en Jalisco exigen la exclusión de granos básicos del T-MEC para evitar competencia desleal, mientras la Sader mantiene programas como Producción para el Bienestar con montos de seis mil a 24 mil pesos anuales por beneficiario, enfocados en pequeños productores de granos y miel. Las protestas indefinidas subrayan la urgencia de reformas que prioricen a quienes cultivan directamente, antes de que la dependencia externa comprometa la seguridad alimentaria nacional.
