La movilización convocada por jóvenes de la llamada Generación Z terminó en una serie de enfrentamientos y dejó como saldo periodistas lesionados, denuncias de agresiones policiacas y más de un centenar de personas heridas.
La protesta reunió a miles de jóvenes que marcharon hacia el Zócalo para exigir mayor seguridad, el fin de la corrupción y atención urgente a la violencia que afecta al país. Durante el avance, las consignas se mantuvieron pacíficas; sin embargo, al llegar a la Plaza de la Constitución se registró un choque entre manifestantes y elementos de seguridad luego de que un grupo derribó vallas colocadas frente a Palacio Nacional.
En la intervención policiaca se utilizaron extintores, gas lacrimógeno y maniobras de contención que derivaron en momentos de pánico. Las autoridades reportaron alrededor de 20 personas detenidas y más de 120 lesionadas, entre ellas al menos 100 elementos policiacos y unas 20 personas civiles.
Entre los heridos también se encuentran periodistas que cubrían la manifestación. Algunos reportaron haber sido derribados, golpeados o expuestos directamente a gas lacrimógeno, incluso después de identificarse como prensa. Fotógrafos y reporteros de distintos medios señalaron que fueron objeto de empujones, patadas, lanzamiento de objetos y daños a su equipo de trabajo.
Las agresiones no se limitaron a la capital. En Morelia, reporteros denunciaron golpes, empujones y detenciones arbitrarias por parte de la Guardia Civil durante protestas paralelas. Colectivos de periodistas exigieron la destitución de mandos de seguridad y la apertura de investigaciones por abuso de autoridad.
En contraste, distintas dependencias federales condenaron la violencia registrada durante la movilización, incluida la presencia de artefactos explosivos caseros utilizados por algunos grupos. También hicieron un llamado a encauzar las demandas de los jóvenes sin poner en riesgo a terceros.
La protesta de la Generación Z ha sido calificada como una expresión de hartazgo social que refleja el malestar de un sector que exige mayor seguridad, justicia y garantías para ejercer la libertad de expresión. Mientras tanto, organizaciones de periodistas y derechos humanos demandan sanciones por las agresiones y mecanismos claros para proteger a la prensa en futuras movilizaciones.
