El Congreso del Estado de México avaló modificaciones al Código Penal que endurecen las sanciones por acoso sexual, con penas de hasta 12 años de prisión en casos agravados, y castigos para servidores públicos que obstruyan denuncias. La iniciativa, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez, elimina el requisito de reiteración para tipificar el delito y prioriza la protección de las víctimas en entornos vulnerables.
El Legislativo local aprobó por unanimidad la reforma al artículo 269 Bis, que define el acoso como cualquier conducta de naturaleza sexual no consentida que lesione la dignidad de la persona afectada, en espacios públicos o privados, incluido el transporte. Anteriormente, las penas oscilaban entre uno y cuatro años de prisión, más multas de 100 a 300 días; ahora, estas se incrementan en un tercio si la víctima es menor de edad o incapaz de resistir. La medida suprime la exigencia de actos repetidos para configurar el delito, lo que amplía el espectro de protección contra conductas únicas pero lesivas.
En casos de reiteración o cuando el agresor aproveche circunstancias de indefensión, las sanciones ascienden a ocho años de cárcel, y alcanzan los 12 si el responsable es un servidor público educativo, con destitución e inhabilitación de uno a diez años adicionales. Los funcionarios que nieguen recepción de denuncias, persuadan o intimiden a las víctimas enfrentan de dos a seis años de prisión, más inhabilitación equivalente. La reforma incorpora perspectiva de género para evitar revictimización y fortalece mecanismos en instituciones educativas públicas y privadas.
La propuesta, leída por la diputada Leticia Mejía García del PRI, contó con respaldo de las legisladoras morenistas Paola Jiménez Hernández y Zaira Cedillo Silva, quienes destacaron su rol en la erradicación de la violencia contra las mujeres, de las cuales tres de cada cuatro han experimentado acoso en el estado. La aprobación se tramitó como urgente y obvia resolución para agilizar su implementación en el marco de políticas de igualdad. Con esta actualización, el Código Penal busca disuadir conductas abusivas mediante penas proporcionales al daño causado y al contexto de vulnerabilidad de las afectadas.
