El crimen organizado asfixia al pequeño comercio en México con cuotas de extorsión y ventas forzadas de mercancía ilícita, como cigarros de contrabando que crecieron 240 por ciento entre 2017 y 2023, según el Colegio de México. En 2024, se registraron 10 mil 804 víctimas de este delito, un aumento del 58 por ciento desde 2018, con estados como Guanajuato y Ciudad de México en la mira de operativos federales. La cifra negra supera el 90 por ciento, lo que deja a tienditas y abarrotes en vilo ante amenazas que encarecen productos y cierran negocios.
El Gobierno federal lanzó en julio de 2025 la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con cinco ejes que priorizan detenciones por inteligencia y creación de Unidades Antiextorsión locales en entidades como Estado de México y Jalisco, donde se acumula el 66 por ciento de los casos. Esta iniciativa incluye congelamiento de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera y bloqueo de líneas telefónicas usadas en el delito, además de operativos en prisiones para frenar llamadas extorsivas. Expertos de Coparmex y Concanaco respaldan el plan, pero demandan una Ley General que homologue penas de seis a 15 años de prisión para uniformar la persecución en todo el país.
La extorsión ha cobrado 13 vidas en el último año y medio por denuncias o negativas a pagar «derecho de piso», según reportes de octubre de 2025, mientras el aumento de impuestos a cigarros fomenta el mercado negro y golpea ventas en misceláneas. Propuestas del Observatorio Nacional Ciudadano incluyen protección a denunciantes anónimos vía Crime Stoppers y campañas contra el consumo ilegal para cortar la demanda. Fortalecer aduanas en puertos como Manzanillo y erradicar corrupción en policías locales completan el esquema que busca rescatar la competitividad del sector con créditos blandos y seguridad comunitaria.
