La industria tabacalera eleva su interferencia en las políticas públicas de salud de América Latina, según el IV Índice Regional de Interferencia 2025, elaborado por el Global Center for Good Governance in Tobacco Control y Corporate Accountability. México lidera con la menor intrusión al registrar 48 puntos sobre 100, mientras Colombia acumula 80 y República Dominicana la mayor incidencia. Once de los 19 países evaluados experimentan retrocesos en la protección contra esta influencia, pese al Convenio Marco de la OMS.
Chile y Uruguay empatan en segundo lugar con 52 puntos cada uno, seguidos por Panamá y Venezuela con 54, en un ranking que mide la implementación del artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco. Brasil alcanza 65 puntos, Ecuador, El Salvador y Guatemala suman 68, y Costa Rica registra 64, lo que refleja avances parciales en siete naciones de la región. La industria despliega tácticas como la participación indebida en foros públicos y actividades de responsabilidad social corporativa para diluir regulaciones antitabaco.
El índice, basado en cuestionarios de la sociedad civil y datos públicos, evalúa la transparencia en interacciones con funcionarios y la gestión de conflictos de interés en 19 países de América Latina y el Caribe. República Dominicana enfrenta la intrusión más severa por exenciones fiscales y lobby directo en legislaciones de salud, según análisis de especialistas como Laura Salgado del GGTC. Países como Perú, con 56 puntos, y Nicaragua, con 58, ilustran la persistencia de presiones comerciales pese a directrices de la OMS vigentes desde hace 17 años.
