El Congreso del Estado de México sancionó reformas al Código Penal que imponen penas de prisión de cuatro a 12 años contra prestamistas por el esquema de «gota a gota», con multas equivalentes a 500 días de salario mínimo. La medida busca proteger a deudores vulnerables de tasas usurarias que superan el mil por ciento anual. La aprobación unánime ocurrió en sesión ordinaria, tras denuncias de extorsión en comunidades de bajos recursos.
Las reformas tipifican el delito como fraude específico cuando los intereses exceden el doble de la tasa legal permitida por el Banco de México, que asciende al 11.5 por ciento actual. Los legisladores incorporaron agravantes por amenazas o violencia, lo que eleva la pena mínima a ocho años en tales casos. La Procuraduría estatal capacitará a fiscales para aplicar la norma en investigaciones pendientes contra redes criminales.
El esquema «gota a gota» opera mediante préstamos informales de entre 500 y cinco mil pesos, con cobros diarios que generan deudas impagables en semanas. Autoridades federales reportan más de dos mil quejas anuales en la zona metropolitana, vinculadas a grupos delictivos. La ley entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Periódico Oficial, con énfasis en campañas de denuncia anónima.
