La Cámara de Diputados avaló con 456 votos la Ley General contra la Extorsión, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito de que las autoridades investiguen el delito sin denuncia de las víctimas, las cuales omiten reportes por temor a represalias. Esta medida fortalece la persecución automática del ilícito, que afecta a particulares en todo el país. El dictamen pasó al Senado para su revisión final.
Sheinbaum enfatizó que la ley general obliga a los congresos estatales a armonizar sus códigos penales, tras la reforma constitucional al artículo 73 que facultó al Congreso federal en esta materia. De esta forma, la extorsión se tipifica como delito perseguido de oficio en las 32 entidades federativas. La iniciativa surgió para eliminar barreras que impiden la denuncia, común entre víctimas por riesgos de consecuencias adversas.
La estrategia nacional contra la extorsión ya opera con avances en inteligencia y operativos, pero la ley proporciona base legal sólida para que los jueces emitan órdenes de aprehensión una vez identificados los responsables. Penas oscilan entre seis y 15 años de prisión, con agravantes hasta 25 años en casos involucrando funcionarios o menores. La aprobación unánime refleja consenso sobre la urgencia de combatir este flagelo social en México.
