La Fiscalía del Estado de México desarticuló organizaciones que extraían y vendían agua robada a sobreprecios de hasta 60 por ciento en Ecatepec, con intervención de 189 inmuebles y aseguramiento de 51 pozos, 138 tomas clandestinas y 322 pipas. Autoridades federales y estatales, como la Guardia Nacional y Conagua, coordinaron la Operación Caudal para combatir este delito penalizado con hasta seis años de prisión. El operativo generó protestas de transportistas que bloquearon avenidas en la zona metropolitana por pérdida de ingresos.
En la operación, que abarcó desde el Valle de México hasta Toluca, se identificaron sindicatos como USON, ACME y ‘Los 300’ detrás de la extracción ilegal mediante pozos sin permiso o pinchazos en ductos públicos, con distribución exclusiva a pipas agremiadas. La Fiscalía ejerce acción penal contra miembros de estas agrupaciones, servidores públicos y particulares por su complicidad en la comercialización de agua sucia solo clorada, sin potabilización adecuada. Los sobrecostos alcanzaron 41 por ciento en Cuautitlán y 32 en Tlalnepantla, afectando el erario y la salud pública.
Las protestas escalaron con bloqueos en la México-Toluca y Eje 6 Ermita, donde más de 200 trabajadores de purificadoras en Iztapalapa y Nezahualcóyotl exigieron reapertura de fuentes o precios justos de mil 131 pesos por 10 mil litros. El gobierno estatal activó un plan de contingencia vía CAEM para garantizar abasto oficial en hogares, sin interrupciones en la red pública. La acción subraya el riesgo sanitario del agua vendida como potable, con llamados a denuncias ante la Fiscalía para erradicar estas redes delictivas.
