El Gobierno de Ecuador denunció un intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa, tras el ataque sufrido por su caravana en el cantón El Tambo, de la provincia de Cañar. Unas 500 personas, en medio de protestas por la eliminación del subsidio al diésel, arrojaron piedras y palos contra los vehículos, mientras que el auto presidencial presenta impactos de bala, según confirmó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Noboa, quien se dirigía a inaugurar obras de alcantarillado y tratamiento de agua por más de cinco millones de dólares, resultó ileso y completó el evento sin interrupciones adicionales.
Autoridades detuvieron a cinco individuos, entre ellos un hombre de 60 años y una mujer, por presuntos delitos de terrorismo y tentativa de homicidio, con penas que alcanzan hasta 30 años de prisión. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, clasificó el incidente como un acto terrorista orquestado por líderes radicales que buscan desestabilizar el país, en el contexto de un paro nacional impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desde finales de septiembre. La Fiscalía inició la investigación para determinar si hubo negligencia en el esquema de seguridad presidencial, mientras que el Ministerio del Interior evalúa posibles infiltraciones de grupos criminales en las manifestaciones.
La Conaie rechazó las imputaciones de magnicidio y exigió una pesquisa imparcial con participación de organismos internacionales de derechos humanos, al afirmar que la caravana ingresó a una zona de resistencia sin coordinación previa. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó el ataque como un atentado contra la democracia y respaldó la continuidad institucional en Ecuador. Noboa, firme en su postura contra el crimen organizado, reiteró que tales agresiones no detendrán las políticas de desarrollo en comunidades vulnerables, en un país donde las tensiones sociales persisten por ajustes económicos en combustibles.
