Cinco años después de haber intentado estrangular a Daniela, una joven enfermera de Tehuantepec, su agresor, Luis Alberto Martínez Zuñiga —hijo del exedil de Ocotlán, Luis Francisco Martínez Aquino— fue sentenciado en marzo de 2025 por violencia familiar. Sin embargo, pese a la condena judicial, el agresor permanece en libertad, reflejo de la impunidad y la tardanza que marcan los casos de violencia contra las mujeres en Oaxaca.
La agresión ocurrió en diciembre de 2019 en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca. Daniela, en estado de shock, acudió a denunciar ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Género, pero su testimonio y las imágenes de cámaras de seguridad que mostraban la violencia ejercida por Martínez Zuñiga fueron inicialmente desestimadas por la agente del Ministerio Público.
El proceso judicial inició hasta 2020 y estuvo plagado de omisiones e irregularidades que, según la organización Ges Mujer, revictimizaron a Daniela y evidenciaron la falta de perspectiva de género en la actuación de las autoridades. “Este caso ejemplifica la ignorancia de los protocolos de género”, denunció Angélica Ayala Ortiz, representante de la organización.
A lo largo del litigio, el agresor mantuvo vínculos políticos y sociales que, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, le habrían permitido gozar de privilegios y demorar la acción de la justicia. Aun con sentencia condenatoria en la causa penal 318/2020, su libertad revela la falta de voluntad institucional para garantizar justicia plena a las víctimas.
El expediente judicial documenta también que Martínez Zuñiga enfrentó denuncias previas por agredir a otra expareja. Aun así, la respuesta de las autoridades fue lenta y limitada. Organizaciones feministas advierten que la omisión de aplicar protocolos con enfoque de derechos humanos coloca a las víctimas en un nivel de riesgo mayor y envía un mensaje de impunidad a los agresores.
“El discurso de que es tiempo de las mujeres queda reducido a palabras vacías si casos como el de Daniela no se resuelven con justicia efectiva”, sostienen activistas, quienes exigen a la Fiscalía del Estado y al Poder Judicial cumplir con su obligación de garantizar seguridad y reparación integral a las víctimas de violencia de género.
