Al menos 214 indígenas Ñuu Savi fueron víctimas de desplazamiento forzado interno tras los hechos de violencia registrados el pasado 18 de agosto en la Mixteca oaxaqueña, derivados de un conflicto agrario entre los municipios de Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec, donde se disputan más de mil 600 hectáreas de tierra.
De acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), un grupo armado irrumpió en la agencia municipal de Buenavista, Yosondúa, donde abrió fuego, dejó una persona lesionada, incendió viviendas y provocó el éxodo masivo de familias enteras.
Ante la emergencia, la DDHPO emitió medidas cautelares al considerar que los hechos constituyen violaciones graves a los derechos humanos, y solicitó la intervención inmediata de la Secretaría de Gobierno para coordinar mesas de diálogo entre autoridades municipales y estatales, con el fin de frenar la escalada de violencia.
El organismo autónomo pidió además levantar un censo de víctimas, habilitar espacios de refugio temporal y garantizar atención médica, educativa, jurídica y laboral para las familias desplazadas.
De igual forma, exhortó a los Servicios de Salud de Oaxaca a atender a las personas lesionadas y a brindar asistencia a la población desplazada; al IEEPO, garantizar la educación de niñas, niños y adolescentes afectados; y a la Fiscalía General del Estado, investigar los delitos cometidos durante los ataques armados.
La Defensoría llamó finalmente a los presidentes municipales de Yosondúa y Yolotepec a implementar medidas urgentes que pongan fin a la violencia y sienten las bases de una convivencia pacífica en la región Mixteca.
