Oaxaca enfrenta una pesada carga financiera heredada de administraciones pasadas, donde los pagos por deuda pública en los últimos 45 meses superan los 13 mil 500 millones de pesos, destinados principalmente a intereses, amortizaciones y costos asociados. Según datos de la Secretaría de Finanzas estatal, esta suma equivale a unos 13 millones 889 mil pesos diarios, recursos que podrían destinarse a mejorar servicios públicos, seguridad y apoyos sociales para la población. De las transferencias a instituciones financieras, solo el 13 por ciento se aplica al capital, mientras que el 79 por ciento cubre intereses, lo que ha permitido una reducción mínima del endeudamiento: de 17 mil 133 millones de pesos recibidos al inicio del actual gobierno a 16 mil 321 millones al 31 de julio de 2025, un descenso de apenas 4.7 por ciento.
Esta deuda, acumulada mayoritariamente durante los mandatos de Ulises Ruiz, Gabino Cué y Alejandro Murat, totalizaba 26 mil 797 millones de pesos al asumir la presente administración. En más de 972 días, la amortización al capital ha sido de solo 812 millones de pesos, aunque los desembolsos totales por diversos rubros ascienden a 6 mil 260 millones. Además, los intereses pagados en este periodo suman 4 mil 941 millones de pesos, una cifra que representa el 28 por ciento de los 22 mil 550 millones asignados a los 570 municipios en el presupuesto 2025. En paralelo, las deudas por impuestos no pagados al SAT se han reducido de 9 mil 398 millones a 4 mil 903 millones, tras abonar 4 mil 495 millones.
Para dimensionar el impacto, el servicio de la deuda en estos 45 meses ha costado más de cuatro veces el presupuesto anual de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), que es de 1 mil 412 millones, y dos veces y media el gasto total en el sistema de universidades públicas estatales, de 2 mil 468 millones. En un contexto donde el presupuesto estatal de 103 mil millones para 2025 depende en 95 por ciento de ingresos federales, y solo el 5 por ciento proviene de recaudación local, estos pagos resaltan la vulnerabilidad financiera de Oaxaca, limitando inversiones en áreas prioritarias.
