Organizaciones sociales marcharon este jueves desde la Fuente de las Ocho Regiones hasta el Zócalo de la capital oaxaqueña para exigir la liberación inmediata de Pablo López Alavés, un defensor de territorios indígenas que cumple 15 años en prisión. López Alavés, originario de San Isidro Aloápam, fue sentenciado en marzo pasado a 30 años de cárcel por un homicidio que, según sus defensores, no cometió, sino que representa un caso de criminalización estatal contra activistas ambientales. La movilización, impulsada por grupos como Consorcio Guajac, Sol Rojo, Codedi y Codepo, junto con comunidades de telebachilleratos, busca apelar la condena y denunciar las prácticas del gobierno de Oaxaca bajo el mandatario Salomón Jara, al que acusan de incompetencia y favoritismos políticos.
En medio de consignas como «Libertad a los presos por luchar» y «La tierra se ama y se defiende», los participantes destacaron que López Alavés ha dedicado su vida a proteger bosques y recursos naturales de su comunidad, enfrentando amenazas a su familia y violaciones a derechos humanos. Desde el penal de Etla, el propio activista envió una carta leída durante la marcha, donde pide disculpas por las molestias causadas a la ciudadanía y reitera que su detención obedece a mentiras fabricadas para silenciar la defensa del medio ambiente. Los organizadores enfatizaron que esta persecución no es aislada, sino parte de un patrón nacional que afecta a defensores en regiones como el Istmo de Tehuantepec, donde se registran desapariciones y represiones constantes.
Aunque la protesta se mantuvo pacífica, los líderes advirtieron que continuarán acciones en las calles e incluso a nivel internacional hasta lograr la libertad de López Alavés, cuestionando la eficacia del sistema judicial mexicano en proteger a indígenas y ambientalistas. Esta marcha resalta las tensiones entre el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y las comunidades originarias, que reclaman justicia verdadera en un estado marcado por conflictos territoriales.
