Por: Aylin Paredes
Rosaura Contreras Lucas, exagente de la Policía Estatal de Oaxaca, fue despedida el 23 de julio de 2025 tras denunciar ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y el Poder Judicial de la Federación actos de discriminación, acoso laboral, violencia de género y represalias por negarse a participar en prácticas irregulares. Su cese ocurrió pese a que la DDHPO había solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) garantizar su protección laboral y evitar represalias.
Contreras ingresó a la corporación en junio de 2020 como auxiliar de enfermería, tras el asesinato de su esposo, un policía estatal, en un asalto en San Jacinto Amilpas. Desde su incorporación, enfrentó presiones, como la exigencia de pagar 50 mil pesos por gastos funerarios que, según le habían prometido, cubriría la Secretaría. Al negarse, sufrió cambios de adscripción, como su traslado a la región Triqui en 2021 sin equipo ni identificación, en plena pandemia. Además, en 2024, tras señalar irregularidades en el área médica, como la expedición de recetas por personal no calificado, fue reubicada a labores de guarda y posteriormente despedida.
A pesar de las medidas de protección emitidas por la DDHPO, la SSPyPC no solo ignoró las recomendaciones, sino que intensificó las represalias. La exagente también reportó comentarios misóginos de superiores, quienes expresaron preferencia por trabajar solo con hombres, y amenazas del comisionado Francisco Santiago García, quien aludió a venganzas por conflictos laborales previos.
