El estado de Oaxaca figura entre las entidades del país con mayor número de personas desplazadas forzadamente a causa de la violencia, particularmente por la presencia y acciones del crimen organizado, reveló el informe del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
De acuerdo con el reporte titulado “Desplazamiento Interno por Conflictos y Violencia en México 2023”, el desplazamiento interno forzado creció un 129% a nivel nacional con respecto al año anterior, al documentarse 12,058 nuevos desplazamientos a lo largo del país.
Oaxaca se ubica como uno de los estados con mayor incidencia, junto con Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.
En el caso oaxaqueño, los desplazamientos se deben principalmente a enfrentamientos entre grupos armados, disputas territoriales, conflictos agrarios agravados por la delincuencia organizada y la ausencia de una respuesta estatal efectiva en comunidades rurales e indígenas.
El estudio señala que, aunque Oaxaca no siempre registra actos de violencia altamente visibles en medios nacionales, los desplazamientos son constantes y afectan principalmente a comunidades de difícil acceso donde los grupos criminales ejercen control territorial y social.
La CMDPDH advirtió que el Estado mexicano continúa sin una política integral para atender esta problemática. Actualmente, no existe un registro oficial de personas desplazadas, ni programas específicos de atención humanitaria, seguridad o reparación del daño. A esto se suma que muchas de las víctimas permanecen invisibilizadas, ya que no siempre denuncian por temor a represalias o por falta de confianza en las instituciones.
Por su parte, el IDMC alertó que los desplazamientos generan graves afectaciones al bienestar físico, mental y social de las personas, quienes pierden no solo su hogar, sino también su acceso a servicios básicos como salud, educación, alimentación y empleo.
En el caso específico de Oaxaca, organizaciones civiles han documentado múltiples desplazamientos en regiones como la Mixteca, la Sierra Sur y la Sierra Norte, donde persisten conflictos territoriales históricos y donde los grupos criminales han extendido su presencia en los últimos años.
Los organismos firmantes del informe hicieron un llamado urgente al Estado mexicano —en todos sus niveles— para que reconozca oficialmente la existencia del desplazamiento forzado interno, lo atienda con enfoque de derechos humanos y garantice la reparación integral del daño a las comunidades afectadas.
