Por: Aylin Paredes
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), sancionó este miércoles a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su presunta participación en el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides, particularmente fentanilo.
Según el comunicado oficial, estas entidades habrían facilitado durante años el movimiento de millones de dólares para cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el Golfo, además de procesar pagos para adquirir precursores químicos en China. Las medidas, que prohíben ciertas transferencias de fondos, entrarán en vigor en 21 días y se enmarcan en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.
Entre los casos señalados, FinCEN destacó que en 2023 un empleado de CIBanco abrió una cuenta para lavar 10 millones de dólares del Cártel del Golfo, mientras que Intercam procesó transferencias por 1.5 millones de dólares para comprar precursores químicos.
Vector, por su parte, habría apoyado al Cártel de Sinaloa en operaciones de blanqueo entre 2013 y 2023. El Tesoro subrayó la colaboración con México para combatir el financiamiento ilícito, pero enfatizó la necesidad de cerrar rutas financieras que alimentan la crisis de opioides en EU.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió que no ha recibido pruebas concretas que sustenten las acusaciones. La dependencia señaló que las transferencias con empresas chinas, identificadas por EU, son operaciones comerciales habituales dentro del comercio bilateral de 139 mil millones de dólares anuales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que más de 300 empresas mexicanas realizaron transacciones similares a través de diversas instituciones financieras.
No obstante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició revisiones que detectaron irregularidades administrativas en las instituciones señaladas, lo que derivó en multas por 134 millones de pesos. La SHCP reiteró que actuará con firmeza si se presentan pruebas contundentes, manteniendo un enfoque de transparencia y respeto al Estado de derecho, en línea con las instrucciones de la presidenta de México.
