Por: Aylin Paredes
La Cámara de Diputados aprobó, con 368 votos a favor y 101 en contra, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) amplias facultades para solicitar información telefónica, biométrica, bancaria, vehicular y de otros registros públicos y privados.
La legislación, respaldada principalmente por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, busca fortalecer las labores de inteligencia a través del Centro Nacional de Inteligencia, centralizando datos generados por otras dependencias de seguridad.
Sin embargo, la aprobación desató controversia. La oposición, encabezada por el PAN y el PRI, calificó la ley como una “ley espía” por su potencial para habilitar vigilancia masiva sin controles claros. Gibrán Ramírez, diputado de Movimiento Ciudadano, advirtió sobre las ambigüedades que podrían derivar en abusos, mientras Rubén Moreira, del PRI, llamó a combatir el crimen con leyes consensuadas.
Por su parte, Morena defendió la iniciativa. Jessica Saidén, presidenta de la Comisión de Seguridad, aseguró que no se trata de espionaje y que el manejo de datos respetará la privacidad, la confidencialidad y los límites constitucionales, incluyendo la necesidad de control judicial en ciertos casos.
La ley, que creció de 30 a 51 artículos tras una adenda de última hora presentada por Morena, permite a la SSPC, liderada por Omar García Harfuch, acceder a registros de salud, telecomunicaciones, finanzas y más, siempre que se cumplan las normativas de protección de datos. Aunque sus defensores argumentan que fortalecerá la prevención y combate al crimen, la oposición insiste en la necesidad de mayores salvaguardas para evitar violaciones a los derechos ciudadanos.
