Personas con discapacidad de nueve estados de México presentaron amparos contra el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, publicado el 15 de abril en el Diario Oficial de la Federación, por considerar que excluye sus necesidades y derechos.
Activistas de San Luis Potosí, Guanajuato, Baja California Sur, Puebla, Tabasco, Chiapas, Durango, Jalisco y Coahuila argumentan que el gobierno omitió realizar una consulta previa, pública, accesible y transparente, incumpliendo estándares internacionales establecidos por el Comité de Personas con Discapacidad de la ONU y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El PND, estructurado en cuatro ejes generales y tres transversales, menciona la palabra “discapacidad” solo nueve veces en 213 páginas, según un análisis de Yo También, lo que refleja una atención insuficiente a este grupo vulnerable.
Los amparos destacan que el PND aborda a las personas con discapacidad principalmente desde un enfoque asistencial, limitándolas a programas sociales sin incluir políticas específicas para garantizar accesibilidad, educación inclusiva, empleo o movilidad. Aunque el plan reconoce la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres con discapacidad, las referencias son vagas y carecen de métricas cuantificables para evaluar su impacto. Además, el documento presenta datos imprecisos, como el número de beneficiarios de programas sociales (un millón 400 mil en el PND frente a un millón 35 mil 482 en el Padrón Único de Beneficiarios) y el alcance de la pensión universal, que el PND reporta en 23 estados, cuando en realidad abarca 24.
En situaciones de emergencia o desastres, el PND no menciona medidas específicas para atender la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, lo que agrava su exclusión. Los activistas demandan que se reformule el plan con una perspectiva de derechos humanos que contemple sus necesidades de manera integral.
