En 2023, México registró un récord histórico con 9 mil 235 nuevos consultorios médicos privados, duplicando los 4 mil 556 permisos otorgados en 2018, según datos de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Este auge, particularly notable en estados como Chiapas, donde los permisos crecieron mil 258 por ciento en cuatro años, refleja una creciente dependencia de la población en servicios privados, especialmente en consultorios adyacentes a farmacias. La causa principal: la disminución de la atención en el sistema público, que en 2022 atendió 46 por ciento menos consultas (51 millones) en comparación con 2018 (95 millones), de acuerdo con el INEGI.
Esta tendencia impacta con mayor fuerza a los sectores más pobres. Entre 2019 y 2022, la proporción de personas en pobreza que acudieron a centros de salud públicos cayó de 36 por ciento a 25 por ciento, mientras que las consultas en farmacias subieron de 13 por ciento a 23 por ciento, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut). Esto ha elevado el gasto de bolsillo en salud, especialmente en medicamentos, que para los más vulnerables aumentó 54 por ciento en cuatro años, pasando de mil 729 a 2 mil 679 pesos anuales, reporta el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Casos como el de Andrea Genaro, quien gastó 610 pesos en una farmacia para tratar una infección, ilustran esta realidad.
Pese a la accesibilidad de los consultorios en farmacias, su rápida expansión preocupa.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advierte sobre la necesidad de regular estos establecimientos para garantizar calidad y evitar sobremedicación. Aunque cumplen con normas básicas, como la NOM-005-SSA3-2010, no existen mecanismos robustos para supervisar la práctica médica. La Secretaría de Salud no respondió a cuestionamientos sobre este fenómeno, dejando sin claridad las estrategias para fortalecer la atención pública.
