La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de Juana Hilda González, quien permaneció 19 años en prisión acusada por el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La decisión, tomada por la Primera Sala con cuatro votos a favor y uno en contra, se basó en la invalidación de pruebas obtenidas bajo presuntas violaciones a los derechos humanos de la imputada.
El proyecto, presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, determinó que las confesiones de González, rendidas en febrero de 2006 durante su arraigo, no garantizaron el respeto a su derecho a no ser sometida a tortura. Por ello, dichas declaraciones y las pruebas derivadas fueron declaradas ilegales. La presidenta de la sala, Loretta Ortiz, instruyó notificar la sentencia al sistema penitenciario para agilizar la excarcelación.
Por su parte, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo fue el único en votar en contra, aunque no detalló las razones de su postura. La resolución marca un precedente en la revisión de casos donde las confesiones obtenidas bajo arraigo son cuestionadas por posibles irregularidades.
Este fallo resalta la importancia de garantizar procesos judiciales respetuosos de los derechos fundamentales, en un contexto donde el caso Wallace ha generado controversia por las acusaciones de irregularidades en la investigación.
