Familiares de Leydi, de 7 años, y Alexa, de 11, asesinadas el pasado 6 de mayo en la carretera estatal 24, en Badiraguato, Sinaloa, acusan que los disparos provinieron directamente de militares y no de un enfrentamiento, como se reportó inicialmente. Las menores viajaban con su familia en una camioneta tras un paseo cuando, según una familiar que pidió anonimato, los efectivos abrieron fuego sin previo aviso. El ataque dejó cuatro heridos, quienes fueron trasladados a hospitales en Culiacán.
La versión oficial inicial apuntaba a un supuesto fuego cruzado entre militares y civiles armados, pero los testimonios de los familiares han puesto en duda esta narrativa. El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció la gravedad del caso y, durante una conferencia el 12 de mayo, señaló que no se descarta un ataque directo, aunque insistió en esperar los resultados de la investigación que ahora encabeza la Fiscalía General de la República (FGR). Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, confirmó que los militares involucrados están a disposición de las autoridades, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha emitido detalles.
Mientras tanto, la comunidad escolar de la primaria “Rafael Ramírez” en Culiacán, donde estudiaban las niñas, rindió un homenaje el 12 de mayo. El caso se suma a la creciente cifra de menores víctimas de la violencia en Sinaloa, donde la guerra entre los cárteles de los Chapitos y los Mayos ha dejado al menos 39 niños y adolescentes asesinados en 2025. Rocha prometió justicia para las familias, asegurando que el caso no quedará impune. Sin embargo, la falta de avances inmediatos en la investigación mantiene la incertidumbre entre los afectados.
