La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León, Lorena de la Garza, presentó ocho denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Samuel García por presuntos delitos electorales. Las acusaciones se sustentan en resoluciones firmes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal Electoral del Estado, que señalan al mandatario por conductas como el uso indebido de recursos públicos y la promoción ilegal de candidatos de Movimiento Ciudadano, incluyendo a su esposa, Mariana Rodríguez, y a Jorge Álvarez Máynez, durante el proceso electoral de 2024.
De la Garza, también presidenta de la Comisión Anticorrupción, señaló que el Congreso local recibió 35 sentencias que confirman violaciones a la ley electoral por parte de García, sin que se haya aplicado sanción alguna debido a la oposición de las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena. “No es posible que, tras 35 sentencias, una persona que viola la ley siga sin castigo”, afirmó la legisladora en un mensaje a medios frente a la delegación de la FGR en Escobedo. La diputada expresó su esperanza de que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales investigue de manera imparcial y determine una sanción, ya que la falta de consecuencias genera un sentimiento de impunidad entre la ciudadanía.
Las denuncias presentadas se suman a antecedentes de señalamientos contra García. En mayo de 2024, De la Garza reportó más de 60 quejas ante autoridades electorales por presuntas irregularidades del gobernador en apoyo a la candidatura de Mariana Rodríguez a la alcaldía de Monterrey, incluyendo la falsificación de documentos para acreditar su residencia. En 2021, la FGR abrió una investigación contra García, su esposa, su padre y su suegro por posible financiamiento ilícito durante su campaña a la gubernatura, aunque no se concretaron sanciones.
La legisladora destacó que la resistencia de las bancadas aliadas al gobernador en el Congreso local la llevó a acudir directamente a la FGR. “Dependemos de los votos de los compañeros diputados, pero aquí se trata de aplicar la ley”, aseguró. Las acusaciones se centran en conductas que, según los tribunales, vulneraron la equidad en la contienda electoral, como el desvío de recursos públicos para promover candidaturas de Movimiento Ciudadano.
El caso ha generado eco en redes sociales, donde usuarios y medios locales reportaron la acción de De la Garza como un intento de frenar la impunidad. Sin embargo, ni el gobernador ni su partido han emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias presentadas. La FGR no ha informado si iniciará una investigación formal ni los plazos para resolver las acusaciones.
