Una jueza penal de Bolivia dejó sin efecto la orden de captura y la imputación por presunta trata de personas contra el exmandatario Evo Morales, argumentando vulneraciones a sus derechos fundamentales durante el proceso judicial. La decisión, emitida el 30 de abril por la jueza Lilian Moreno, se basa en la falta de notificación adecuada y la ausencia de garantías procesales, según consta en el fallo judicial.
La orden de arresto había sido dictada en diciembre de 2024 por la Fiscalía del departamento de Tarija, en el marco de una investigación que acusaba a Morales de mantener una relación con una menor de 15 años en 2016, con quien habría tenido un hijo. El expresidente negó las acusaciones y las calificó de motivadas políticamente.
La anulación de la orden de captura ha generado críticas por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. Su presidente, Romer Saucedo, cuestionó públicamente el fallo, señalando que no comparte la posición de jueces que permiten a ciudadanos procesados por hechos de pedofilia burlarse de la justicia. El Consejo de la Magistratura anunció que investigará la decisión de la jueza Moreno.
Aunque la orden de captura ha sido anulada, el proceso judicial contra Morales continuará en la región de Cochabamba, bastión político y sindical del exmandatario.
Este caso se enmarca en un contexto de tensiones políticas en Bolivia, donde Morales y el actual presidente Luis Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS), mantienen una disputa interna por el liderazgo del partido y la candidatura presidencial de 2025. Morales ha denunciado que las acciones legales en su contra forman parte de una campaña de persecución política para impedir su postulación.
