El Senado de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) investigarán los antecedentes de candidatos a cargos judiciales luego de que se detectaran aspirantes que han defendido a narcotraficantes, según afirmó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, señaló que ambas instituciones determinarán si los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad, incluido el de probidad, para participar en la elección judicial del 1 de junio. Fernández Noroña reconoció que las listas de tres mil 422 candidatos, elaboradas por los poderes Legislativo y Judicial, incluyen a personas con vínculos cuestionables, principalmente provenientes del Poder Judicial, aunque también hay casos del Legislativo.
La revisión se centrará en garantizar que los aspirantes a 881 cargos, que incluyen juzgados, tribunales, el Tribunal de Disciplina Judicial, el TEPJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no tengan nexos con el crimen organizado. Taddei enfatizó que la depuración de candidaturas debe basarse en la aplicación estricta de la norma, no en preferencias personales, y que el Senado tiene la responsabilidad de resolver cualquier irregularidad antes de la jornada electoral. Fernández Noroña instó a retirar de inmediato a los candidatos que no cumplan con los requisitos, argumentando que no hay justificación para esperar hasta después de los comicios.
Reportes periodísticos han señalado irregularidades en más de 200 aspirantes, con acusaciones que van desde corrupción hasta vínculos con figuras como Kamel Nacif, implicado en redes de protección. En el TEPJF, se identificaron alrededor de 40 candidatos con cuestionamientos por mal uso de fondos o cercanía con el partido Morena, lo que ha generado preocupaciones sobre su imparcialidad. Además, algunos aspirantes a Tribunales Colegiados de Distrito enfrentan señalamientos por violencia intrafamiliar o por haber llegado a sus cargos mediante “padrinazgos”.
La elección judicial, que permitirá a 99.7 millones de votantes elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial, ha generado controversia. La oposición, organismos internacionales, jueces en activo y asociaciones civiles han advertido sobre posibles injerencias del Ejecutivo y el crimen organizado en el proceso. Las campañas, que comenzaron en abril y concluirán el 28 de mayo, se desarrollan en medio de estas alertas. El INE, encargado de organizar los comicios, enfrenta el reto de garantizar la transparencia en un proceso inédito, mientras el Senado y el TEPJF trabajan para depurar las candidaturas antes de la votación.
