Integrantes del Comité de Víctimas, Familiares y Cónsules de la Masacre de San Mateo del Mar se manifestaron frente al acceso principal del Palacio de Gobierno para fijar su posicionamiento contra una reunión programada entre autoridades estatales y la autodenominada Comisión de Concordia, a la que acusan de encubrir a los responsables de la masacre ocurrida el 21 de junio de 2020 en Huazatlán del Río. Los manifestantes, conformados por madres, padres, hijas e hijos de las 15 víctimas —13 hombres y dos mujeres torturados, quemados vivos y asesinados—, denunciaron que el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz, promueve la impunidad al permitir que este grupo, respaldado por el presidente municipal Raúl Rangel González, busque presentar a los sentenciados como “presos políticos”.
El Comité afirmó que la Comisión de Concordia no persigue la paz, sino que pretende liberar a los responsables de los crímenes, entre ellos José Luis Chávez Salinas, Gualterio E. A. y Flavio S. S., quienes recibieron una sentencia de 210 años de prisión en noviembre de 2023 por homicidio calificado y feminicidio, según la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Los manifestantes rechazaron las acusaciones de la Comisión de Concordia, que señalan a Jorge Arroyo, vocero del Comité, como participante en los hechos violentos, y calificaron estas afirmaciones como una estrategia para desviar la atención de los verdaderos culpables.
La protesta también criticó la actuación de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del gobierno estatal, liderada por Flor Estela Morales, a la que acusaron de sostener reuniones con “emisarios del perdón sin justicia”. Los familiares exigieron castigo para los responsables y anunciaron que responderán con organización comunitaria y movilizaciones políticas para evitar que acuerdos gubernamentales liberen a los sentenciados. Además, reafirmaron su compromiso de mantener viva la memoria de las víctimas y garantizar que no se imponga el olvido.
El conflicto en San Mateo del Mar se remonta a disputas político-electorales de 2019, cuando la elección de Bernardino Ponce Hinojosa como presidente municipal generó divisiones. La masacre de 2020, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dejó 15 víctimas y más de 30 lesionados, además de 18 familias desplazadas. La recomendación 54VG/2022 de la CNDH urgió al gobierno estatal a proteger a la población y esclarecer los hechos, pero las víctimas sostienen que persiste la falta de justicia integral.
