Aprueba Congreso de Colombia ley para proteger a huérfanos por feminicidio

El Congreso de Colombia aprobó este miércoles 2 de abril de 2025, en su último debate, una ley que ampara a los miles de niños, niñas y jóvenes que quedan huérfanos por feminicidios, un paso histórico para atender a las víctimas indirectas de la violencia de género en el país. La iniciativa, impulsada por la representante Carolina Botero y respaldada por colectivos como Huérfanos por Feminicidio, establece medidas de protección integral que incluyen asistencia económica mensual, acceso prioritario a educación y atención psicosocial para menores de hasta 25 años en situación de vulnerabilidad tras perder a sus madres. El proyecto, que espera la conciliación legislativa y la firma del presidente Gustavo Petro para entrar en vigor, responde a una crisis silenciosa que deja cada año a cientos de menores desamparados, según datos del Observatorio de Feminicidios Colombia.
La ley surge tras años de lucha de familiares como Camilo Beltrán, quien asumió la crianza de sus sobrinas tras el asesinato de su hermana Leidy en 2022 a manos de su pareja. Beltrán, uno de los impulsores del proyecto, acompañó a Botero en su radicación en mayo de 2023 y destacó la necesidad de visibilizar a estos menores, muchos de los cuales enfrentan duelos traumáticos y pobreza extrema. El Observatorio de Feminicidios estima que en la última década al menos 23 mil niños y niñas perdieron a sus madres por esta causa, aunque la ausencia de cifras oficiales dificulta precisar la magnitud del problema. En 2024, la entidad registró 590 casos de menores huérfanos, mientras que en los primeros meses de 2025 la cifra alcanzó los 79, lo que evidencia la urgencia de la medida aprobada.
La normativa contempla la creación de un Registro Nacional de Huérfanos por Feminicidio para identificar y canalizar las ayudas, así como garantizar que los agresores no accedan a la custodia ni a beneficios relacionados con las víctimas. Además, asegura asistencia legal gratuita y prioriza el interés superior del menor en decisiones judiciales, buscando romper ciclos de violencia. Países como Argentina, con la Ley Brisa de 2018, y Perú, con un decreto de 2020, ya implementaron medidas similares, un precedente que inspiró esta legislación colombiana. La representante Juliana Aray, coautora del proyecto, subrayó que el Estado asume así una deuda con quienes quedan en el olvido tras estos crímenes.
El trámite legislativo no estuvo exento de obstáculos. Familiares y activistas, agrupados en el colectivo Huérfanos por Feminicidio, señalaron la lentitud del proceso y la falta de prioridad en el Congreso, donde Botero y Beltrán insistieron mes tras mes para agilizar los debates. La aprobación unánime en el Senado marcó un hito tras superar cuatro debates, dos en Cámara y dos en Senado, entre 2023 y 2025. La ley también prevé que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Igualdad coordinen su implementación, aunque expertos advierten que el éxito dependerá de una ejecución eficiente y de recursos suficientes, dado que el Ministerio de Igualdad ejecutó solo el 2.4% de su presupuesto en 2024, según reportes oficiales. El próximo paso, la sanción presidencial, definirá el inicio de esta protección largamente esperada.