Habitantes de San Antonio de la Cal han denunciado públicamente a la regidora de Salud, Gema Cruz León, por presuntas irregularidades que incluyen despidos injustificados, negligencia en el manejo de emergencias y el uso indebido de recursos públicos, específicamente en relación con la ambulancia municipal.
Según los denunciantes, la funcionaria habría despedido arbitrariamente a varios paramédicos, dejando a la comunidad vulnerable ante emergencias. Se afirma que estos empleados se negaron a trabajar bajo su dirección debido a que la regidora estaría cobrando por los traslados. Además, señalan que la funcionaria asignó tareas ajenas a sus funciones a los paramédicos, como recolectar basura, y que carece de conocimientos sobre riesgos sanitarios. Incluso, se acusa a Cruz León de utilizar la ambulancia para vacunar a perros, una actividad que no corresponde a su propósito.
Por otro lado, se ha señalado que la ambulancia municipal es utilizada de manera inapropiada por la regidora. Los habitantes han explicado que la funcionaria solo hace uso de la unidad en situaciones de gran relevancia, como accidentes graves, o cuando desea aparecer en fotos para promover su imagen. En cambio, en emergencias de menor magnitud o en casos de enfermedades, se ha ordenado que se recurra al número de emergencias 911 debido a que la ambulancia supuestamente no está disponible.
La indignación se ha incrementado aún más debido a las denuncias de que Gema Cruz León estaría usando recursos públicos, como la ambulancia, para viajes personales y hasta para actividades como llevar ropa a la lavandería, lo que ha sido interpretado como un abuso del cargo y un manejo irresponsable de los fondos municipales.
Ante estas graves acusaciones, los vecinos de San Antonio de la Cal han solicitado la intervención del presidente municipal y un esclarecimiento exhaustivo de las acciones de la regidora Cruz León. «Es inaceptable que una funcionaria encargada de la salud pública actúe de esta manera», expresaron los habitantes, quienes exigen que se tomen las medidas pertinentes para garantizar el bienestar y la seguridad de la población.
