En una sesión histórica, el Senado de México aprobó por unanimidad la reforma constitucional que busca prohibir el nepotismo y la reelección en cargos públicos. Sin embargo, la implementación de esta reforma se pospuso hasta 2030, debido a que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestó interés en la gubernatura de San Luis Potosí. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, explicó que el PVEM estaba dividido: una facción apoyaba la aplicación de la reforma en 2027, mientras que otra, preocupada por sus aspiraciones políticas en San Luis Potosí, prefería el aplazamiento. Noroña señaló que, aunque se consideró buscar el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN) para aprobar la reforma con vigencia en 2027, existía el riesgo de que el PAN no cumpliera con su compromiso, lo que podría haber resultado en la derrota de la iniciativa. Por ello, se optó por un acuerdo interno que garantizara la aprobación unánime, aunque con la entrada en vigor en 2030. Este retraso permitirá que figuras políticas, como la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, mantengan abiertas sus posibilidades de postularse en las próximas elecciones. La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca impedir que familiares directos de funcionarios salientes asuman los mismos cargos, con el objetivo de combatir prácticas nepotistas en la política mexicana. Aunque la aprobación unánime representa un avance significativo, el diferimiento de su aplicación ha generado críticas por parte de sectores que consideran que los intereses políticos están prevaleciendo sobre la necesidad de erradicar el nepotismo en el país.