La Alianza de Pueblos por la Justicia Social de Oaxaca se manifestó en el Zócalo de la capital para exigir atención a diversas problemáticas que, denuncian, han sido ignoradas por el gobierno estatal. Entre sus demandas, resaltan la liberación de Julián Ramírez González, indígena triqui encarcelado desde hace tres años sin pruebas en su contra; el esclarecimiento de feminicidios y casos de violencia contra mujeres de comunidades indígenas; así como el fin de redadas y ejecuciones extrajudiciales en la comunidad Ricardo Flores Magón, en Pinotepa Nacional.
Además, acusan al gobierno estatal de obstaculizar la libre autodeterminación de las comunidades al retener recursos públicos y fomentar conflictos internos. También señalan la existencia de una estrategia de saqueo de fondos municipales mediante la imposición de comisionados. Frente a la falta de respuesta local, las organizaciones anunciaron que llevarán sus denuncias ante instancias nacionales e internacionales, incluida la presidencia de la República.
Los manifestantes advirtieron que Oaxaca atraviesa un clima de represión sistemática, corrupción e impunidad, en el que se criminaliza la protesta social y se fabrican delitos contra quienes denuncian abusos. Afirmaron que seguirán movilizándose hasta obtener justicia para sus comunidades.
