El Gobierno de México ha presentado reformas legales que buscan fortalecer la soberanía energética del país, consolidando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) como empresas públicas del Estado. Estas reformas reconocen por primera vez el concepto de «justicia energética», con el objetivo de reducir las desigualdades en el acceso y uso de la energía.
La nueva legislación establece que la CFE deberá garantizar al menos el 54% de la generación eléctrica nacional, asegurando la continuidad, accesibilidad, seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico. Asimismo, se busca que la provisión de hidrocarburos y gas natural por parte de Pemex cumpla con su responsabilidad social, garantizando el suministro a la población.
Además, se definen áreas específicas para la participación de la iniciativa privada en el sector energético. Para el consumo propio, se contemplan esquemas como la generación distribuida residencial y comercial, incrementando su capacidad sin requerir permiso, y el autoconsumo aislado con permisos simplificados. En cuanto a la generación de energía, se permitirán contratos de producción de largo plazo con entrega de energía a la CFE, inversiones mixtas manteniendo la mayoría estatal y la figura de generador eléctrico para venta en el mercado mayorista.
