La Casa Blanca ha anunciado el inicio de vuelos de deportación de migrantes indocumentados, como parte de una operación que ha resultado en la detención de 538 personas y la expulsión de cientos más. La portavoz, Karoline Leavitt, afirmó que aquellos que ingresen ilegalmente a Estados Unidos enfrentarán «graves consecuencias».
Esta medida se enmarca en la política migratoria de la segunda administración de Trump, que busca frenar la inmigración ilegal mediante acciones más estrictas. Las autoridades han utilizado aviones militares para transportar a los detenidos, y se han llevado a cabo redadas en ciudades como Nueva York, Boston, Chicago y Miami.
Estas acciones se relacionan con la reciente aprobación de la Ley Laken Riley, que permite la detención y deportación de inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos sin necesidad de condena. Esta legislación ha generado divisiones dentro del Partido Demócrata y ha sido objeto de críticas por parte de defensores de los derechos humanos; sin embargo, la administración de Trump sostiene que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad nacional y disuadir la inmigración ilegal.
No obstante, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y algunos líderes políticos han expresado su preocupación por el impacto humanitario de estas políticas y la posible violación de derechos fundamentales.
