Vía: Libertad-Oaxaca
El Primer Tribunal Colegiado del Estado de Oaxaca revocó, por unanimidad, la suspensión que había sido concedida a extrabajadores del gobierno estatal, cerrando la posibilidad de que fueran reinstalados en sus cargos y se les pagaran salarios completos, como demandaban a través de amparos.
La suspensión, inicialmente otorgada por la secretaria encargada del Segundo Juzgado de Distrito, buscaba dejar sin efecto el Decreto Número 24, aprobado por el Congreso del Estado, que suprimió plazas consideradas obtenidas de manera irregular. Sin embargo, el tribunal colegiado consideró que invalidar este decreto atentaría contra el orden público y el interés general.
El Gobernador Salomón Jara Cruz y el consejero jurídico del gobierno estatal interpusieron recursos contra la suspensión, argumentando su improcedencia. Este criterio fue respaldado también por otros juzgados federales. Según el Sistema del Poder Judicial de la Federación, los Juzgados Primero, Décimo y Octavo negaron suspensiones similares, mientras que cientos de amparos promovidos por los extrabajadores ante otros juzgados, como el Tercero, Cuarto, Quinto, Noveno y Décimo Primero, fueron desechados.
Adicionalmente, se ha señalado que algunos despachos jurídicos han lucrado con las esperanzas de los extrabajadores al promover amparos que han resultado infructuosos. Entre ellos, destaca el caso del abogado Jesús Alberto Cervantes Ramírez, ex responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Estado de Oaxaca. Cervantes Ramírez, quien además ha sido vinculado como abogado de Francisco Martínez Neri, ha sido denunciado por su papel en estos procesos sin resultados.
Hasta la fecha, se han presentado más de 800 amparos contra el Decreto 24, pero todos han sido rechazados o desechados. Con este fallo, el decreto que elimina las bases laborales cuestionadas sigue vigente, reafirmando su validez y efectos legales.
Este caso marca un precedente importante para la administración estatal en su lucha contra prácticas irregulares en la asignación de plazas laborales y pone fin, al menos judicialmente, a las aspiraciones de los burócratas despedidos por recuperar sus empleos.
