Andrea Monserrat Ramos Gómez, víctima de agresión y abuso sexual en diciembre de 2024, denunció públicamente la falta de justicia en su caso a través de un posicionamiento frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca. Ramos Gómez detalló que durante el ataque, presuntamente perpetrado por María Elena Ríos, su hermana Silvia Ríos Ortiz y escoltas armados, fue agredida físicamente, violentada sexualmente y amenazada de muerte.
La denunciante expresó su indignación ante la reclasificación de los delitos a «lesiones y daños» por parte de la Fiscalía, pese a contar con pruebas médicas y videográficas que respaldan las acusaciones iniciales de intento de secuestro, abuso sexual y lesiones calificadas. Ramos Gómez acusó a la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer, Margarita Guzmán Corsi, de hacer caso omiso a los hechos denunciados, y al gobernador Salomón Jara y al fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla de mantener la impunidad debido a la influencia política de la agresora, quien es diputada federal suplente.
La víctima enfatizó que las secuelas del ataque han destruido su vida familiar y afectado gravemente su salud mental. También señaló que ha sido objeto de una campaña de desprestigio en redes sociales, presuntamente promovida por su agresora. Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades para garantizar el acceso a la justicia y poner fin a la impunidad.
El contexto del caso se agrava por el historial de María Elena Ríos, quien en 2019 fue víctima de un ataque con ácido atribuido al exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal. En diciembre de 2024, Ríos denunció irregularidades en la custodia de Vera Carrizal, lo que derivó en nuevos enfrentamientos legales. Sin embargo, Ramos Gómez insiste en que estos antecedentes no justifican las agresiones que sufrió y exige que la justicia actúe de manera imparcial.
