Este 15 de enero de 2024, habitantes de Pueblo Nuevo se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, exigiendo la abrogación del decreto emitido en 1992 por el entonces gobernador Heladio Ramírez López. Este decreto declara como área natural protegida un polígono que abarca sus comunidades, lo que, según los manifestantes, limita su propiedad y posesión, afectando a más de 8,000 personas.
Ante esta situación, los manifestantes consiguieron tener una audiencia con el Secretario de Gobierno, José de Jesús Romero López, y el titular de la Consejería Jurídica, Geovany Vásquez Sagrero, con el objetivo de encontrar una solución que respete sus derechos de propiedad y considere las realidades actuales de las comunidades afectadas.
Los residentes señalan que, en los más de 30 años transcurridos desde la emisión del decreto, no se ha realizado una consulta pública ni se ha implementado un plan de manejo para la zona. Durante este tiempo, las áreas afectadas se han poblado, y muchas familias han construido sus viviendas sin conocimiento de las restricciones impuestas por el decreto. Las localidades impactadas incluyen las agencias de Guadalupe Victoria, Donají, Pueblo Nuevo, San Felipe del Agua y Trinidad de Viguera, así como más de 40 colonias, entre ellas Lomas del Crestón, Mártires de Río Blanco y Buena Vista.
Los manifestantes argumentan que el decreto, en su momento, buscaba proteger áreas ecológicas, pero que las condiciones han cambiado significativamente desde 1992. Actualmente, el decreto afecta tanto a propiedades sociales como privadas, sin que los propietarios hayan sido informados o consultados sobre sus implicaciones. Además, expresan preocupación por el riesgo que representa para su patrimonio, ya que el decreto podría poner en peligro alrededor de 26,000 cédulas catastrales.
