La Asamblea General de Ciudadanos de San Pedro Ocotepec, Mixe, emitió un enérgico emplazamiento al Gobierno del Estado de Oaxaca y a la Fiscalía General del Estado (FGEO) para la liberación inmediata de sus autoridades municipales, quienes fueron detenidos recientemente bajo acusaciones de faltas administrativas de resistencia a particulares.
En un comunicado oficial, la comunidad denunció que las detenciones se realizaron sin el respeto a los derechos humanos de los detenidos y señalaron que se están fabricando delitos en su contra.
En su declaración, señalaron que hasta la noche del jueves 9 de enero, la Fiscalía se negó a recibir los escritos que solicitaban la designación de defensores jurídicos para garantizar una defensa adecuada.
La Asamblea de Ciudadanos indicó que las autoridades municipales detenidas se encuentran aisladas e incomunicadas, lo que, según la comunidad, es parte de un proceso para seguir fabricando cargos en su contra. “Desde la detención de nuestras autoridades municipales, hasta el día de ayer en la noche, han estado incomunicadas para seguir construyendo cargos falsos”, recalcaron en su pronunciamiento.
Los pobladores aseguraron que las autoridades municipales de San Pedro Ocotepec son personas íntegras y de alta honorabilidad dentro de la comunidad. La asamblea les ha encargado generar procesos de diálogo para la pacificación y la reconstitución del tejido social en la región. «Estamos seguros de que no han cometido ningún delito de los que la Fiscalía ha anunciado a los medios de comunicación», afirmaron los ciudadanos.
Los pobladores emplazaron al Gobernador Salomón Jara y al Fiscal General de Oaxaca, Lic. Bernardo Alamilla, a liberar a las autoridades municipales detenidas de manera inmediata. De no obtener una respuesta favorable, advirtieron que tomarán medidas más contundentes para defender a sus representantes.
Entre las acciones previstas están bloqueos carreteros, marchas y otras movilizaciones, como parte de su lucha por la justicia.
La comunidad también hizo un llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para intervenir y evitar la criminalización de las autoridades locales.
Además, exigen que se les proporcione un intérprete y un abogado que los represente adecuadamente, garantizando su derecho a una defensa justa.
