Las autoridades de Veracruz y Chiapas han intensificado las acciones para retirar cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente, algunas de las cuales se encontraban operando bajo el control de grupos delictivos. En un esfuerzo conjunto entre diversas corporaciones de seguridad, se han asegurado cientos de dispositivos y desmantelado redes de vigilancia asociadas a actividades ilícitas en ambas entidades.
En Veracruz, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se retiraron un total de 53 cámaras ubicadas en los municipios de Cosoleacaque y Minatitlán. Estas cámaras, que operaban sin la debida autorización, eran presuntamente utilizadas por grupos criminales para monitorear y planificar actividades delictivas. En el marco de estas acciones, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, destacó que cualquier equipo de videovigilancia en la vía pública debe ser gestionado por el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), con el fin de garantizar la seguridad pública y respetar los derechos de los ciudadanos.
Simultáneamente, el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, informó que más de 40 cámaras fueron retiradas en su municipio por carecer de la respectiva autorización. Ante las sospechas de que algunas de estas cámaras pudieran haber sido utilizadas por grupos criminales, Cruz Malpica advirtió que este es un “tema delicado” que debe ser esclarecido por las autoridades correspondientes. Las operaciones en Veracruz también se han extendido a otros municipios como Tuxpan y Poza Rica.
En Chiapas, las autoridades también lograron desmantelar una red de videovigilancia ilegal vinculada a un grupo delictivo. El 6 de enero, la Fiscalía estatal aseguró 30 cámaras de seguridad en los municipios de Frontera Hidalgo y Suchiate, las cuales estaban siendo manejadas por un grupo criminal dedicado a la extorsión y secuestro de migrantes. Al día siguiente, las autoridades llevaron a cabo el desmantelamiento de diversas antenas que recibían las señales de estos dispositivos, confiscando además equipos como cámaras de seguridad giratorias, radios base, antenas satelitales, lámparas suburbanas, y cables.
Este operativo en Chiapas y Veracruz forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir la criminalidad en las regiones fronterizas y garantizar que las tecnologías de videovigilancia sean utilizadas de manera legal y en beneficio de la seguridad pública. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el origen y uso de estos dispositivos, y asegurar que no se vulneren los derechos de la población.
