Por: René Zavaleta
El Congreso del Estado de Chiapas aprobó reformas al Código Penal y a la Constitución estatal con el objetivo de endurecer las sanciones contra los delitos de extorsión y cobro de piso, considerados de alto impacto debido a las graves afectaciones que generan en el patrimonio y la libertad de las personas.
El presidente del Congreso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, destacó que estas modificaciones buscan redefinir y ampliar el marco legal para castigar con mayor severidad estos delitos, en respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía: garantizar la seguridad y la justicia. La decisión fue respaldada de manera unánime por los legisladores.
Entre los puntos clave de las reformas se incluye el incremento de las penas para quienes cometan estos actos, así como la implementación de medidas para fortalecer la capacitación y operación de las instituciones encargadas de la seguridad. Los diputados recalcaron que estas acciones son parte de una estrategia integral para atender las exigencias ciudadanas de justicia y efectividad en el combate a los delitos de alto impacto.
Las reformas están alineadas con la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los legisladores señalaron que el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, trabajará en estrecha colaboración con las autoridades federales y municipales para garantizar resultados efectivos en la lucha contra la delincuencia.
Adicionalmente, se aprobó una reforma al artículo 21 de la Constitución Política de México, que permitirá a la Secretaría de Seguridad Pública colaborar directamente con las fiscalías en investigaciones, facilitando un combate más eficiente contra el crimen organizado y delitos de alto impacto.
En un comunicado, legisladores como Juan Salvador Camacho Velasco, Javier Jiménez Jiménez, Jorge Luis Llaven Abarca (Morena), Rubén Antonio Zuarth Esquinca (PRI) y representantes del PVEM enfatizaron que estas reformas son una respuesta a las demandas de la sociedad de contar con un sistema de justicia transparente, eficaz y que brinde resultados palpables.
Por su parte, Avendaño Bermúdez y la diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo destacaron que estas acciones refuerzan la coordinación institucional necesaria para combatir la delincuencia, al tiempo que dotan a las instituciones de mejores herramientas legales y operativas para garantizar la paz y la seguridad en el estado.
Con estas medidas, Chiapas busca reducir la incidencia de delitos como la extorsión y el cobro de piso, promoviendo un entorno más seguro y estable para sus habitantes.
