Por: René Zavaleta
El Coyul, una comunidad indígena chontal ubicada en el Istmo de Tehuantepec y perteneciente a la agencia municipal de San Pedro Huamelula, vive un momento crítico. Desde 1972, las 221 familias que integran la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul han defendido su territorio, pero ahora enfrentan una amenaza sin precedentes.
Un grupo señalado como “cártel del despojo” pretende apropiarse ilegalmente de más de 1,452 hectáreas, territorio que incluye manglares, playas y una rica biodiversidad endémica. Los comuneros acusan a este grupo de actuar en complicidad con notarios, jueces y funcionarios públicos corruptos para devastar el entorno y someterlos mediante presiones legales y persecución judicial.
Los pobladores han señalado como principales responsables de estas acciones a:
- Joel Ricárdez López, quien se autonombra dueño de las tierras.
- Alfredo Manuel Mena Alonso, apoderado legal de Ricárdez López.
- Rigoberto Cruz Cartas, quien preside de manera cuestionada la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul Oaxaca S.C., utilizando documentos que la comunidad califica como ilegítimos.
Según las denuncias, estas personas han devastado hectáreas de selva, tomado control de playas y presionado para encarcelar a 21 defensores del territorio. Estos fueron condenados a 15 años de prisión y se les impuso una reparación del daño de más de 55 millones de pesos, además de una multa de 90 mil pesos, bajo acusaciones de despojo agravado y secuestro.
“Se trata de delitos fabricados. No solo buscan apropiarse de nuestras tierras, sino infundir miedo en quienes luchamos por proteger el territorio”, señalaron representantes de la comunidad.
Entre las víctimas del hostigamiento se encuentra Román Sosa Miñón, quien ha sido despojado violentamente de su área de trabajo y amenazado de manera constante.
El conflicto por estas tierras tiene un largo historial de disputas y resoluciones legales. De acuerdo con los comuneros, el terreno fue legalmente adquirido en 1958, cuando se formalizó la primera escritura de compraventa. En 1988 y 1990, se realizaron rectificaciones de medidas que determinaron un total de 1,452 hectáreas bajo propiedad legítima de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul.
A pesar de estas resoluciones, en años recientes los comuneros han enfrentado múltiples juicios, algunos resueltos a su favor y otros marcados por irregularidades. En 2024, la situación escaló cuando el Juez Onssis Aureliano Díaz Morgan, del Circuito Judicial del Istmo, dictó una sentencia que la comunidad califica de «injusta y desproporcionada».
Tras la sentencia del pasado 8 de mayo, las familias interpusieron una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, exigiendo que se revierta el fallo y se respeten sus derechos como pueblo indígena.
“Responsabilizamos a Joel Ricárdez, Alfredo Mena y Rigoberto Cruz del clima de violencia y hostigamiento que enfrentamos. También denunciamos la complicidad de las instituciones que deberían protegernos”, expresaron los habitantes de El Coyul.
La comunidad solicita la intervención de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para frenar la persecución y evitar el despojo. “Nuestra lucha no solo es por la tierra, es por preservar nuestro legado, nuestra cultura y nuestro futuro”, afirmaron.
