En el marco de la conferencia de prensa del gobernador Salomón Jara Cruz, Leticia Elsa Reyes López, titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, presentó el reporte de auditorías, licitaciones, contrataciones y el programa de contraloría social, como parte de los compromisos de transparentar e informar sobre el uso y ejercicio de los recursos públicos.
En este contexto informó que en el ejercicio 2023 se realizaron 20 auditorías programadas y concluidas donde se fiscalizaron más de 23 mil millones de pesos, donde se están realizando 10 de 20 investigaciones como resultado de irregularidades localizadas en las revisiones, integrándose 12 expedientes turnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa y 36 faltas graves en las que ya se iniciaron audiencias ante la Secretaría de Honestidad.
Del total de las auditorías, 14 tienen observación monetaria y se investigan a 10 dependencias por irregularidades detectadas en obras como el Centro Cultural Álvaro Carrillo, Centro de Convenciones de Santa María Huatulco, Símbolos Patrios, Circuito Interior y Casa Quetzal.
Dentro de las anomalías destacan pagos improcedentes, incumplimiento en materia de planeación; programación y presupuestación, en obras públicas y servicios relacionados con las mismas; retenciones efectuadas no enteradas, ejercidas indebidamente y saldo en cuenta; equipos de maquinaria entregados fuera del plazo establecido; entre otros.
Como resultado de esta investigación, se han turnado 12 expedientes al TJAyCCO por faltas graves. Además de 158 audiencias iniciales con 122 faltas no graves y 36 graves.
En este sentido el gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que la administración que encabeza asumió, desde el primer día, el combate a la corrupción y la transparencia pública.
“Nunca antes se había informado sobre cómo se adjudicaba y ejercía la inversión pública. Los resultados de las auditorías se escondían y se establecían relaciones de complicidad e impunidad”, puntualizó.
Jara Cruz indicó que se han presentado denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJAyCCO), así como en la Fiscalía Anticorrupción del Estado, logrando así sanciones e inhabilitaciones para las personas responsables.
