En Canadá, la creciente preocupación por los casos de eutanasia solicitada por razones de aislamiento y falta de vivienda llevó a una revisión crítica de los criterios establecidos para el procedimiento. Aunque la ley requiere una razón médica, informes recientes revelan que algunos pacientes han recibido la muerte asistida por factores sociales, lo que plantea serias dudas sobre la protección de las personas vulnerables. Una comisión de expertos de Ontario identificó casos donde el sufrimiento de individuos, como el «señor A» y la «señora B», se debió en gran parte a situaciones de pobreza y aislamiento, generando inquietud sobre la legitimidad de sus solicitudes.
El director forense de Ontario emitió informes tras una investigación que destaca la falta de atención adecuada a las necesidades de estos pacientes antes de considerar la eutanasia. Los profesionales de la salud han expresado su incomodidad al atender estas solicitudes, señalando que el sufrimiento podría resolverse con apoyo social y económico. La doctora Ramona Coelho, miembro de la comisión, enfatizó la importancia de reconocer estos casos, argumentando que muchos han sido descalificados de ser escuchados por expresar temores sobre el acceso a la eutanasia en contextos de pobreza o discapacidad.
