Un grupo de abogados oaxaqueños y catedráticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), dieron detalles de la denuncia que realizaron ante la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, en contra de ocho ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se han pronunciado en contra de la Reforma Judicial.
En la denuncia, los abogados argumentan que la postura de los magistrados en contra de la reforma, representa un obstáculo para la modernización y democratización del Poder Judicial en México, por ello buscan corregir vicios y prácticas que afectan la impartición de justicia, y la oposición de algunos ministros y ministras impide el avance de estos cambios necesarios.
Los abogados Darwin Salvador Castro, Luis Abel Solano Santiago, Miguel Ángel Galicia Sánchez, Nahúm Córdova Ruiz y Eduardo castillo cruz, señalaron que esta es una medida de vital importancia para garantizar la independencia judicial, pero enfatizaron que dicha independencia no debe interpretarse como una licencia para que los ministros actúen en desacato de las decisiones populares o legislativas, que buscan mejorar el sistema de justicia.
Los también catedráticos consideran que la denuncia no debe de crear polémica, porque al final de cuentas, los ministros son ciudadanos y si cometieron alguna omisión deben de ser sujetos de procesos administrativos o jurisdiccionales, en este caso los servidores públicos de acuerdo a la Constitución son sujetos de juicio político, cuando a consideración del ciudadano efectúen, accione u omisiones que atenten contra constitución o leyes federales.
Finalmente, refirieron que quien tendrá la rectoría del proceso o funcionamiento, tendrá la obligatoriedad de vigilar las formalidades esenciales del derecho, que puedan tener las y los Ministros en dado caso de que se les haga juicio político.
“Ante ello las y los Ministros tendrán el derecho de ofrecer y controvertir pruebas para defenderse y será la cámara de Senadores erigidos en jurado de sentencia, quienes en su momento determinarán la sanción correspondiente de acuerdo al a constitución; es decir si se aplica la destitución y por consecuencia la inhabilitación del cargo.
