Carolina Espina
Las constantes agresiones sufridas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), obligaron al gremio, en ese momento, a tomar decisiones drásticas. Para solventarlo, hubo por parte del magisterio, una disculpa y un acuerdo de respeto mutuo.
Sin embargo, las huestes radicales que han llegado con la nueva dirigencia, que buscan nuevamente desestabilizar la educación actual en busca de beneficios propios, volvieron a las agresiones y a las intimidaciones contra los medios de comunicación, a los que se allegan cuando quieren que su mensaje sea difundido.
Y es que, de acuerdo a organizaciones sociales y defensora de derechos humanos, es la Sección 22, el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), las principales agresoras de las y los reporteros en la ciudad de Oaxaca.
Pese a ello, en el estado no existe un protocolo de actuación para la atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ni periodistas. “Pero ya se está trabajando en él, para darles certeza de atención en cada expediente que se realiza”, señala Elizabeth Lara Rodríguez, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Dijo que en lo que va del 2024, esta dependencia tiene tres quejas iniciadas, tres expedientes iniciados y un cuaderno de antecedentes, del 2023 tiene cinco quejas y un cuaderno de antecedentes, de los cuales, la mayoría son por agresiones físicas, sin emitir hasta el momento ninguna alerta temprana, para que las autoridades garanticen la integridad física y la seguridad jurídica de las y los periodistas.
En un recuento de la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), del 2018 al 2023, 43 mujeres periodistas y comunicadoras han sufrido algún tipo de violencia, la mayoría psicológica. En el caso de los hombres, las agresiones siempre se van a lo físico.
“En estados como Oaxaca, las dificultades y los riesgos para informar se agravan frente a una realidad en la que se mezclan los intereses empresariales, la colusión entre los distintos niveles de gobierno y los grupos criminales, además de los males endémicos como la corrupción y el amiguismo”.
Heber López Vásquez fue el caso más reciente de agresión a periodistas en el estado que terminó con su muerte. El 10 de febrero de 2022, dos hombres llegaron al estudio de grabación que el reportero tenía en su casa en el puerto de Salina Cruz y lo asesinó con cinco disparos a quemarropa.
El cuerpo de López Vázquez, dueño de un tono crítico y punzante, quedó tendido sobre el asfalto en medio del dolor, la indignación y la muerte, tras recibir varias amenazas por desvelar corruptelas en la construcción del Rompeolas, en Salinas del Marqués. Con este homicidio, suman 15 los comunicadores que han sido asesinados durante los últimos diez años en represalia por su trabajo periodístico en Oaxaca.
Finalmente, con el aumento de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, el número de personas que solicitaron su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sumaron un total de 166 en el 2023.
Por entidades federativas, la lista es encabezada por la Ciudad de México en donde 227 periodistas y defensores están consideradas en este Mecanismo, le sigue el estado de Oaxaca con 184, Michoacán con 147, Jalisco con 139, Guerrero con 126, Chiapas con 124, Quintana Roo con 92, Veracruz 88, Tamaulipas 77, Estado de México 76, Sonora 66, Puebla 59,Coahuila 54, Guanajuato 53 y Chihuahua con 51.
